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27/10/2020

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Marcelo Hernández/Aton Chile

Caso luminarias: imputados pasan de prisión preventiva a arresto domiciliario

El Juzgado de Garantía de Iquique cambió la medida cautelar en que permanecían tres concejales, dos funcionarios municipales y un ex seremi desde la formalización. Además se amplió el plazo de investigación en un año.

En el marco de la investigación por supuestos hechos de corrupción en licitaciones de luminarias led para el alumbrado público de Iquique, el Juzgado de Garantía de esa ciudad accedió a la solicitud de la defensa y modificó la prisión preventiva en que permanecían tres concejales, dos funcionarios municipales y un ex seremi, por arresto domiciliario total y prohibición de comunicarse entre ellos y con funcionarios públicos. 

Además, a solicitud de la fiscalía, se amplió el plazo de investigación en un año. 

Cabe señalar que los delitos imputados por el Ministerio Público son cohecho reiterado, lavado de dinero y fraude al fisco, ilícitos perpetrados entre septiembre y octubre de 2018. 

El fiscal a cargo del caso, Gonzalo Guerrero, indicó que si bien se mantiene la imputación por todos los delitos por los cuales se formalizó a los detenidos y que se trata de hechos graves, el Ministerio Público no se opuso al cambio de medida cautelar, ya que la prisión preventiva se pidió en su momento por considerar que la libertad de los imputados podía entorpecer las principales diligencias de investigación, las que ya se encuentran realizadas. 

“Si a esto se suma que los imputados privados de libertad -salvo uno de ellos- han declarado y reconocidos los hechos por los cuales se les formalizó, estimamos que el arresto domiciliario total, con la prohibición expresa de comunicarse entre ellos y con otros funcionarios públicos, permite cumplir con los fines del procedimiento”, explicó el persecutor. 

En el caso de la funcionaria municipal D.V.B., podrá optar por el arresto domiciliario total luego que pague una caución de un millón de pesos. 

Respecto a la solicitud de aumento de plazo, Guerrero indicó que aún faltan muchas diligencias que realizar, como es la extracción de la información de gran parte de los dispositivos incautados (de un total de 180, solo se han revisado 50), el análisis de esa información extraída, los levantamiento de secretos bancarios, pericias contables y las transcripciones de las escuchas telefónicas, entre otras. 

“Considerando además la situación de pandemia, el trabajo de la policía se ha hecho más lento, por lo que requerimos necesariamente un año más para poder reunir las pruebas necesarias”. 

ATON CHILE